Bendita (in)Justicia

Cada vez hay más sentencias judiciales que no se cumplen

Son fallos en favor de los jubilados, de usuarios de servicios públicos y de indigentes. La resistencia proviene del Estado y de empresas. Los jueces pueden aplicar multas, pero muy pocos lo hacen.

El aumento retroactivo a más de cien mil jubilados, la construcción de rampas para discapacitados en las estaciones de trenes, la atención al público personalizada en las empresas telefónicas, hasta la creación de un hogar de tránsito para los chicos de la calle en La Plata. Más que buenos deseos, son sentencias obligatorias que ha dictaminado la Justicia y que no se cumplen.

Las desobediencias provienen del Congreso, del Gobierno nacional o de los provinciales, y de grandes empresas privadas. ¿Es una cultura de la desobediencia? ¿Casos puntuales de una natural puja de poderes? ¿La desidia del Poder Judicial para hacer cumplir lo que ordena? ¿La falta de tapujos de los otros poderes?

Se pueden buscar y encontrar estos factores y más, según los casos, pero las evidencias sobran y todos los actores de la Justicia sostienen que han aumentado en los últimos años. Ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad de uno de los tres poderes del Estado, es capaz de imponer sus fallos. Está a la vista el Caso Badaro, con el que la Corte exhortó al Congreso y al Gobierno nacional a darle a las jubilaciones una movilidad acorde a la inflación.
Pero el Congreso lleva dos años y 9 meses sin cumplir con su parte -una ley que autorice el pago retroactivo de la movilidad- y eso genera, entre otras cosas, una avalancha de juicios que tiene saturados a los juzgados de previsión social. Ya se amontonan 170 mil causas en el fuero de previsión social y se estima que más de la mitad son culpa de la falta de la legislación.